Escrito por Percy Alvarado Godoy . El 27 de febrero de 2012 el entonces presidente Obama aprobó y firmó en EE. UU. la controvertida ley HR 347 (Federal Restricted Buildings and Grounds Improvement Act), bautizada ya por los estadounidenses como ‘Goodbye, First Amendment’ (‘Adiós, Primera Enmienda’). Según la nueva norma, queda prohibido para toda persona cualquier demostración de protesta y la participación en todo tipo de manifestaciones. Esta ley establece un castigo de hasta 10 años de cárcel para quien a sabiendas entre o permanezca en cualquier edificio o terreno sin la autorización legal del Gobierno. También se puede acabar tras las rejas si otra persona denuncia que se tiene la intención de protestar. Asimismo, para acercarse al presidente de EE. UU. o a cualquier otro político, una persona común y corriente necesitará un permiso especial. La ley incluye como delito la intención de impedir o perturbar lo que es el desarrollo de las funciones normales del área privada o del Gobierno.
De hecho la HR 347, aprobada por unanimidad en el Senado y por amplia mayoría en la Cámara de Representantes, puede reprimir cualquier protesta en cualquier lugar como, por ejemplo, en eventos deportivos o públicos. Según los críticos, la controvertida ley restringe la libertad de expresión y podría ser usada en contra de aquellos manifestantes que el Gobierno determine.
Los pocos mercenarios anti cubanos realizan frecuentes provocaciones, alteraciones del orden público, llamamientos a la indisciplina social, diminutas marchas callejeras e informes falsarios. Si vivieran en EE UU no habría reparo en aplicarles la Ley HR347, la cual “prohíbe las protestas pacíficas y la libertad de expresión en los eventos políticos o en los alrededores de algunos edificios gubernamentales.” El movimiento Occupy Wall Street ha padecido la aplicación de es cuestionada y repudiada ley. Los propios periodistas han sido presionados por las autoridades para no acceder a los lugares de protesta. De realizar las actividades contrarrevolucionarias y provocadoras que cotidianamente realizan en nuestro país los grupúsculos contrarrevolucionarios como UNPACU, las Damas de Blanco, el CID, etc., frente a instituciones gubernamentales como las sedes de los Órganos del Poder Popular, el Consejo de Estado, el Ministerio del Interior, estaciones de policía y otros lugares públicos, en EE UU estarían sujetos a la aplicación de la Ley HR 347.

Como puede apreciarse, aquellos expertos en victimización y en la falacia tienen la suerte de intentar subvertir la institucionalidad en Cuba. Otra cosa les sucedería si lo hicieran en USA y no fueran asalariados de esta nación. ¿Entiendes, Eliécer Ávila?

Los mercenarios pagados por la USAID cuestionan el supuesto espionaje que contra ellos desarrollan las autoridades cubanas, en uso de su legítimo derecho de monitorear y enfrentar cualquier actividad desestabilizadora y anti constitucional. ¿Qué sucedería con ellos en EE UU bajo la mira permanente del FBI o del programa PRISM, violatorio de la privacidad individual? ¿Podrían, acaso reunirse para conspirar contra el gobierno so pena de que se les aplique la Ley USA Patriot?
Nos acusan de supuestas violaciones de los DD HH, lo que es parte de su falso discurso mediático. Si conspiraran contra el gobierno norteamericano se les aplicarían abultadas penalidades, condenadas por las propias ONGs estadounidenses como el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU en inglés) y la American Bar Association, así como la propia Amnistía Internacional.
Otra versión manipulada es sobre las prisiones en Cuba, arguyendo malas condiciones en las mismas y todo tipo de penurias inventadas. ¿Qué hubiera pasado si estos contrarrevolucionarios hubieran estado presos en EE UU, donde la propia Human Rights Watch ha denunciado las violaciones sexuales entre presos con la complicidad de las autoridades penales?
Nos acusan de violar los derechos humanos de los trabajadores, sin tener en cuenta que en EE UU son despedidos millares de trabajadores por el solo hecho de intentar sindicalizarse.
Nos acusan de muertes extrajudiciales mientras en los EE UU son condenados a muerte, sin reparo alguno, enfermos mentales, adolescentes y muchas personas, en una legislación prejuiciada con los afroamericanos y latinos. ¿Se imaginan ustedes al Coco Fariñas, en una de estas prisiones, convertido en objeto de placer y repudiado por su piel? Solo en 24 estados de la Unión muchos menores de 18 años son condenados a muerte o a cadena perpetua, en franca violación de la legislación internacional sobre estos casos. No por gusto los EE UU no han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ni las convenciones sobre la Discriminación contra la Mujer, los Derechos de las Personas con Discapacidad y sobre los Derechos del Niño.

Anuncios